La nueva directiva también endurece la concesión de licencias, ya que exige que los Estados miembros se aseguren de que los operadores disponen de la capacidad técnica y financiera necesaria para garantizar la seguridad de sus actividades en alta mar y la protección del medio ambiente del lugar donde lleven a cabo las perforaciones antes de permitir que operen.
El pacto entrará en vigor 20 días después de su publicación en el diario oficial de la Unión Europea, y los países tendrán dos años para trasponer la directiva en su legislación nacional.
Los países que no tengan salida al mar o que no tengan actividades de perforación en alta mar solo tendrán que aplicar parte de las medidas previstas en la directiva. La Comisión Europea realizará un informe "no más tarde de tres años".
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